La Comisión Europea lleva a España ante el Tribunal Superior de Luxemburgo por ayudas ilegales al despliegue de la TDT y despreciar soluciones vía satélite más baratas.
(Por Juan Pons).- La Comisión Europea ha decidido a mediados de enero llevar a España ante el Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo por hacer caso omiso de sus decisiones ejecutivas. En concreto, por seguir subvencionando servicios que ha declarado “ilegales” y no haber recuperado los 303,8 millones de euros en ayudas estatales ─también consideradas ilegales─, concedidos a diversos operadores terrestres para el despliegue y mantenimiento de la Televisión Digital Terrestre o TDT.
Las autoridades europeas han llegado a la conclusión que las subvenciones aprobadas hace diez años por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tampoco respetaron el principio de neutralidad tecnológica que exigen las normas establecidas por la Unión Europea.
Bruselas asegura que el despliegue de la TDT en España “podía haberse efectuado técnicamente a través de plataformas terrestres, satelitales, por cable o mediante accesos de banda ancha en Internet”. En el caso de optar por la vía satélite, incluso hubieran sido más baratas, indica la Comisión.
La Unión Europea había autorizado que sus países miembros concedieran ayudas para facilitar que la transición de la televisión analógica a la digital llegará a los ciudadanos que habitan en núcleos urbanos remotos, poco poblados y con difícil acceso. En España, esa población ronda los 1,8 millones de personas, preferentemente en Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y el País Vasco.
Del montante principal de subvenciones concedidas ─que los técnicos europeos han calculado en 260 millones de euros─, la Comisión afirma que las arcas del estado español “sólo han recuperado 5,5 millones”, lo que representa tan sólo el 2,12 por ciento. En cambio, de los 43,8 millones de ayudas aportadas vía Castilla-La Mancha, todavía no se ha reintegrado “ni 1 sólo euro”.
A juicio de las autoridades comunitarias, el enorme retraso del gobierno de Madrid en rescatar las subvenciones declaradas ilegales y contrarias al principio de neutralidad tecnológica en junio de 2013 y octubre de 2014 ha supuesto que “no se ha detenido el falseamiento de la competencia” y pone en entredicho a España por “continuar pagando subvenciones ilegales en detrimento de otros operadores”.
La Comisión deja en evidencia que las autoridades españolas sólo favorecieron a ciertos operadores terrestres, entre los que se encuentran Itelazpi, Redes de Telecomunicación Galegas (RETEGAL), el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), Abertis Telecom ─hoy Cellnex─, Retevisión y Navarra de Servicios y Tecnologías.
El gobierno español y las Comunidades de Castilla-La Mancha, Galicia y el País Vasco interpusieron recursos de anulación a las decisiones de Bruselas pero, a lo largo de 2015 y 2016, el Tribunal General de la Unión Europea rechazó una tras otra todas las alegaciones presentadas, incluidas las efectuadas por las empresas beneficiarias antes citadas.
En el caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo vuelva a fallar en sentido contrario a España, al gobierno se le vendrán encima problemas de gran envergadura, acompañados de serios litigios en los tribunales.
Por un lado, deberá solicitar a las empresas beneficiarias el reintegro de las ayudas económicas ya concebidas. En segundo lugar, tendrá que cesar de conceder subvenciones por los servicios terrestres que se siguen prestando. Y, en último término, deberá admitir el principio de neutralidad tecnológica y, en consecuencia, configurar un nuevo marco de competencia en el que tengan cabida tanto las plataformas terrestres, como también las satelitales, el cable e Internet, tal y como señala la Comisión Europea.
Hay que tener en cuenta que las empresas beneficiarias de las ayudas entregaron e instalaron los equipos para el despliegue de la TDT y siguen prestando los servicios contratados. Por tanto, “si el estado nos exige la devolución de las ayudas concedidas y cesa de abonar las subvenciones aprobadas, como contrapartida solicitaremos el retorno de nuestros aportaciones”, señalan fuentes de Cellnex.
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