El Departamento de Estado de EE.UU. ha mostrado su inquietud por la Space Act europea que quiere imponer nuevos trámites a las empresas del sector espacial.
El pasado mes de junio, se presentaba la llamada Space Act, una iniciativa legislativa de la Comisión Europea “que introduce un marco armonizado para las actividades espaciales en toda la Unión. La propuesta tiene por objeto garantizar la seguridad, la resiliencia y la sostenibilidad medioambiental, al tiempo que se impulsa la competitividad del sector espacial de la Unión Europea.
El panorama normativo actual de Europa está fragmentado: los 13 enfoques nacionales diferentes aumentan la complejidad y los costes para las empresas. La Space Act de la Unión Europea creará un mercado único para las actividades espaciales, lo que facilitará el crecimiento y el funcionamiento transfronterizo de las empresas, en particular las empresas emergentes y las PyME”; explicaban desde la Comisión Europea.
Las nuevas normas que recogen la Space Act “se aplicarán tanto a los operadores de la Unión Europea como a los de fuera de la Unión Europea que presten servicios espaciales en Europa. Los requisitos proporcionales se adaptarán en función del tamaño de la empresa y su perfil de riesgo, lo que garantizará un entorno normativo justo y favorable a la innovación”.
Ahora, justo cuando terminaba el plazo del período de consulta pública obligatoria, el Departamento de Estado estadounidense ha mostrado su inquietud sobre esta. Estados Unidos piensa que esta ley “podría crear un entorno hostil para la colaboración y la innovación en el continente”.
Según han señalado, que si la Space Act pretende invalidar las regulaciones nacionales y los acuerdos internacionales vigentes, “la regulación propuesta podría crear barreras innecesarias entre países, e impactar desproporcionadamente al ecosistema de empresas emergentes”.
Igualmente consideran que la regulación podría propiciar la búsqueda de jurisdicciones más favorables, y que los operadores empezarán a estudiar la posibilidad de establecerse y solicitar autorización en otros países con regulaciones menos estrictas.
Mark Boggett, director ejecutivo de Seraphim, un fondo de inversión y acelerador en empresas tecnológicas espaciales apoyado por las principales empresas y agencias del sector, comentó que las empresas de su cartera estaban preocupadas principalmente por la “sobrecarga de trámites y costos adicionales” que la regulación impondría a los operadores de satélites y a quienes aspiran a realizar lanzamientos.
El Departamento de Estado compartió esta opinión, afirmando que la necesidad de análisis del ciclo de vida y evaluaciones del impacto ambiental generaba “costos prohibitivos, especialmente para las pequeñas empresas y las startups que impulsan la innovación espacial”.
La Space Act europea debería entrar en vigor el 1 de enero de 2030; y obligará a las empresas espaciales como proveedores de servicios de lanzamiento; fabricantes de componentes, incluidos los que participan en la propulsión, la aviónica y la integración de cargas útiles; y las empresas de telecomunicaciones que operan constelaciones de satélites o que dependen de infraestructura satelital que operen o quieran operar en la Unión Europea, a adoptar nuevas medidas en materia de prevención de colisiones, ciberseguridad y sostenibilidad orbital, más allá de la normativa de cada uno de los países sobre seguridad, resiliencia y responsabilidad.
En el caso de instalaciones como los puertos espaciales y las plataformas de lanzamiento, así como los proveedores de datos y a las empresas de gestión del tráfico espacia, estarán sujetas a un mayor escrutinio, especialmente en lo que respecta a protocolos de seguridad, intercambio de datos, controles ambientales, transparencia e informe de incidentes.
Para las empresas emergentes y las PyME que se preparan para entrar en el mercado, la ley influirá en el diseño, la financiación y las estrategias de comercialización. El cumplimiento normativo será un elemento estructural de la actividad en el ecosistema espacial europeo.
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