Aena responde mediante un comunicado a la CNMV a la carta enviada por su accionista The Children’s Investment Fund sobre un posible traspaso de aeropuertos a comunidades autónomas.
The Children’s Investment Fund (TCI) es el segundo mayor accionista de Aena, con un 6 por ciento del capital social, y solo por detrás del estado español con su 51 por ciento.
Su fundador Chris Hohn, remitió una carta a Maurici Lucena, presidente de Aena, y a todo el consejo, expresándoles sus temores a que las comunidades autónomas, en especial (pero no únicamente) Cataluña y País Vasco puedan tomar el control de la gestión de los aeropuertos en su región, desmembrando a Aena, y por tanto reduciendo su valor bursátil.
No es la primera vez que Hohn se dirige a los directivos de empresas en las que ha invertido TCI para protestar por decisiones tomadas, o no tomadas, o para advertir de los errores que pueden suponer tomar ciertos caminos en el futuro.
Tras esta, Lucena le ha contestado mediante un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), firmado por Elena Roldán Centeno, secretaria del Consejo de Administración de Aena, de acuerdo a la legislación española al ser Aena una empresa cotizada en bolsa.
En esta carta/comunicado se afirma que “la sociedad recuerda y subraya que, tal y como se informó en el OIR publicado el 30 de julio de 2024, con número de registro 30051, ha realizado un seguimiento atento, constante y pormenorizado de las posibles decisiones que se pudieran adoptar en este ámbito para analizar sus eventuales efectos en la sociedad.
Desde la publicación del referido OIR, Aena ha desplegado una intensa labor de ‘advocacy’ y ha trasladado en todo momento a las administraciones públicas competentes la fortaleza y las ventajas del vigente sistema aeroportuario español; la importancia de la gestión integrada de la red de aeropuertos —fundamental para el buen funcionamiento de la economía española—; los derechos que asisten a sus accionistas (públicos y privados), y, sobre todo, la especial y sólida protección que el marco legal y constitucional vigente y la estructura accionarial de Aena proporcionan al sistema aeroportuario y a la sociedad —que, en todo caso, han de ser respetados-.
Recuerdan que: “La preservación del modelo actual de Aena y del sistema aeroportuario español, que ha hecho posible el desarrollo eficiente de las infraestructuras aeroportuarias en España, cobra especial relevancia en este momento en el que la sociedad inicia un periodo de fuertes inversiones como el anunciado la semana pasada, que culminará en una modernización y ampliación de los aeropuertos, esencial para el desarrollo económico y social de España en las próximas décadas”.
Y afirman que de momento ninguna “propuesta, proyecto o decisión políticos que conozca Aena, como resultado del seguimiento realizado, ha alcanzado el grado de concreción y madurez que requiriera una actuación de la sociedad, que sería inmediata y contundente”. Terminan anunciando que si se diese esa circunstancia adoptarán “las decisiones necesarias en defensa de la aplicación de la legalidad vigente, del interés societario de Aena y de los derechos de la sociedad y de todos sus accionistas (públicos y privados)”.
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