Cuatro sindicatos del transporte se unen contra la recién anunciada Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes en los Modos de Transporte.
El sindicato de pilotos Sepla; el de controladores aéreos USCA; el de maquinistas ferroviarios Semaf; y el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, COMME, han formado la Plataforma de profesionales por la seguridad en el transporte para mostrar “su rechazo a la nueva autoridad creada por el Gobierno para investigar los accidentes del transporte, ya que consideran que ésta será igual de ineficiente que las tres comisiones a las que sustituye”.
Según estos sindicatos, “el proyecto de ley presentado por el Gobierno no contempla las principales alegaciones hechas por los representantes de los profesionales del transporte, por lo que es ajena a los criterios profesionales de quienes defienden la seguridad del transporte y sus pasajeros”. Así, la plataforma recién creada tendrá como uno de sus principales objetivos trabajar para “que el proyecto de ley definitivo tenga en cuenta los puntos de vista de sus profesionales”.
Entre las quejas que han expresado con respecto a la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes en los Modos de Transporte (AITAT) está el hecho que pese a lo anunciado por el Gobierno, esta autoridad dependerá del ministerio de Transportes “por lo que sus investigaciones pueden estar contaminadas desde el principio, ya que muchas veces la investigación deberá centrarse en la actuación del propio ministerio. En otras palabras, el investigador depende orgánica y jerárquicamente del investigado”.
Para estos sindicatos “dicho proyecto de ley incurre en las mismas deficiencias que han tenido históricamente las tres comisiones de investigación que ahora se fusionan -la CIAIAC, que investiga los accidentes de aviación civil, la CIAF, que investiga los de tren, y la CIAIM, que investiga los marítimos- lo que hará que sus investigaciones carezcan de la necesaria calidad, profundidad e independencia para mejorar la seguridad del transporte”.
El NTSB estadounidense al que se debería parecerse, recordemos, es una agencia independiente del Gobierno. Depende del Congreso.
Igualmente critican que los miembros que la compondrán no tendrán los conocimientos necesarios para realizar las investigaciones y no habrá profesionales del sector del transporte; escasez de autonomía de la investigación con respecto a un proceso penal; y falta de protección de las decisiones sobre seguridad.
En el punto de la falta de profesionales, opinan que “se obvia el necesario punto de vista de quienes trabajan en él a diario, eliminando la pluralidad”.
Sobre los posibles procesos penales, el poder judicial puede “interferir según el texto en la investigación técnica de un accidente incautando pruebas y declaraciones para abrir una diligencia, lo cual supone un atentado contra los principios de cultura justa reconocidos por OACI (Organización Internacional de Aviación Civil) y por la ERA (Agencia Ferroviaria Europea), ya que puede propiciar que las personas investigadas no faciliten toda la información por temor a que se abra contra ellos un proceso penal”.
Finalmente, sobre las decisiones basadas en motivos de seguridad “una protección que debería quedar totalmente blindada si se quieren evitar episodios como el vivido recientemente en Canarias, donde la compañía Canair ha despedido a dos pilotos alegando ‘falta de confianza’, después de que éstos reportaran falta de seguridad a la hora de sobrevolar espacios afectados por las cenizas volcánicas”.
“Los pilotos no pueden tener miedo a ser despedidos si se niegan a acatar una orden que atenta contra la seguridad de sus pasajeros”. Óscar Sanguino, presidente de Sepla.
Además de Sepla, USCA también recuerda que los controladores aéreos se han visto afectados “en los últimos años por varios despidos que a juicio de USCA no estaban justificados, como los llevados a cabo por SAERCO en 2017 contra dos compañeros que, por cuestiones de seguridad, no acataron la orden de la dirección del aeropuerto de Fuerteventura de ampliar el horario de las instalaciones. A pesar de que ambos despidos fueron declarados improcedentes en Sede judicial, la empresa no readmitió a los trabajadores”.
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