El gobierno japonés del primer ministro Shinzo Abe implantará el próximo mes de noviembre la denominada Ley de Actividades Espaciales, un nuevo marco legal que pretende alentar la participación y la gestión directa del sector privado en la exploración espacial desde el propio territorio nipón, con la finalidad de reducir el elevado costo de su programa nacional de acceso autónomo al espacio.
Siguiendo la senda de Estados Unidos, la citada Ley establece un régimen de autorizaciones para que las corporaciones industriales, entidades financieras y otros colectivos del mundo empresarial nipón pongan en marcha compañías privadas e inviertan en el mercado de las operaciones espaciales principalmente para poder efectuar lanzamientos low-cost.
La iniciativa japonesa despeja los impedimentos que hasta la fecha frenan el desarrollo de la explotación comercial del espacio en el país y pone en marcha un procedimiento administrativo de concesión de licencias para la construcción de bases espaciales, el lanzamiento de cohetes, la explotación de satélites de observación y la exploración comercial del cosmos por parte de operadores privados.
Aunque aprobada el 16 de noviembre de 2016, la aplicación de la norma legal se ha ralentizado por espacio de dos años. Sin embargo, para despertar de forma progresiva el interés de los inversores privados ‒principalmente para el desarrollo de pequeños cohetes‒ y agilizar las gestiones administrativas relativas a los aspectos de seguridad de los lanzamientos, la Ley permite desde el 15 de noviembre de 2017 la presentación de proyectos y la solicitud de licencias de explotación ante el gobierno de Tokio.
Hasta la plena entrada en vigor de la Ley y la concesión de las oportunas licencias, los lanzamientos espaciales japoneses solo se pueden llevar a cabo mediante las familias de cohetes gubernamentales H-II y Epsilon desde los Centros Espaciales gubernamentales de Tanegashima y Uchinoura adscritos a la JAXA, la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón creada en 2003.
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