La oposición catalana a la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat ha dado nuevos pasos con una petición en contra y unas declaraciones en contra del consejero de Empresa y Trabajo de la Generalidad catalana.
120 organizaciones ecologistas, vecinales, sociales y políticas han pedido, de nuevo, en un comunicado, la paralización de la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat (y de paso la del de Madrid-Barajas) alegando que ello es “incompatible con los compromisos climáticos” y pidiendo, entre otros aspectos que el presupuesto de estas ampliaciones, unos 3.400 millones de euros, se dediquen “a un modelo de movilidad que priorice métodos de transporte sostenibles como el ferroviario” ya que estas ampliaciones tendrán “consecuencias negativas sobre la biodiversidad y la salud de las personas”.
Y es que para los firmantes, “constituyen dos ejemplos claros de una política de transporte centrada casi exclusivamente en la construcción de grandes infraestructuras en favor de los medios más contaminantes, como el avión”. Además, señalan, que se trata de “una operación especulativa que favorece a constructoras y a bancos”.
El comunicado se ha hecho público ante el hecho de que se espera que se apruebe la ampliación el próximo Consejo de Ministros del 30 de julio.
Al mismo tiempo, en una reunión de los distintos municipios que forman la denominada Área Metropolitana de Barcelona, Compromís i Acord per Torrelles, Guanyem Badalona en Comú y Ara Decidim Ripollet, presentaron una moción contra la ampliación del aeropuerto de El Prat. Dicha moción fue desestimada con los votos en contra de PSC, PP, Cs y BCN Canvi, y la abstención de Junts.
Y desde el gobierno autonómico catalán se han enviado dos mensajes.
Por una parte, Roger Torrent, actual consejero de Empresa y Trabajo, en una entrevista en Cataluña Radio acusó a Aena de “establecer unos plazos draconianos, estrictos que no se adecuan al proceso de reflexión profundo necesario para decidir si ampliar el aeropuerto de Barcelona-El Prat”. Para Torrent no se debería obligar a que se decida en septiembre sobre la ampliación: “Primero hay que decidir el modelo de aeropuerto, de economía que queremos, y después cómo hay que intervenir las infraestructuras”.
Por otra, Patrícia Plaja, portavoz del gobierno autonómico apoyó la ampliación, aunque “no a cualquier precio«, sino buscando un “justo equilibrio entre el impacto medioambiental y el económico”. Según Plaja, el gobierno autonómico “es partidario de que el aeropuerto amplíe su capacidad de gestión, incremente el número de vuelos intercontinentales y sea un referente internacional”.
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