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Pagar por contaminar, soluciones globales, no sólo europeas

Manuel López Colmenarejo, presidente de ACETA, afirma en este artículo que Europa no puede tomar una decisión como la del mercado de emisiones de manera unilateral.

Artículo de opinión de Manuel López Colmenarejo, presidente de ACETA, sobre las repercusiones que para la industria de la aviación comercial tendrá la inclusión de las aerolíneas en el mercado de emisiones. 

Manuel López Colmenarejo, presidente de ACETA
Manuel López Colmenarejo, presidente de ACETA

El 1 de enero, tras la entrada en vigor para la aviación del régimen comunitario de derechos de emisión (EU-ETS), los operadores aéreos que realicen trayectos con origen o destino en la Unión Europea, pagan por las emisiones de CO2 que superen el 85% de las realizadas entre 2004 y 2006. La medida tendrá para las compañías un coste medio anual de unos 2.000 millones de euros, en función del precio de la tonelada de CO2, cuya cotización se estima entre los 12€ en 2012 y 28€ en 2020. El coste total en el citado periodo rondará los 17.000 millones de euros.

 La decisión de la UE ha encontrado una fuerte resistencia por los operadores de terceros países y sus respectivos gobiernos, que amenazan con represalias hacia las compañías comunitarias. La industria mundial considera que esta medida ,unilateral y extraterritorial, de la UE abre la puerta a un enfoque fragmentado del problema; quebranta el principio de soberanía de Estado recogido en el Convenio de Chicago y disposiciones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; y sostiene que su implementación se ha llevado a cabo sin la concurrencia de la OACI (Organización Internacional de Aviación Civil). Las compañías europeas opinan que distorsiona el marco de competencia y son penalizadas en los viajes intercontinentales que se realizan a través de sus hubs.

Las aerolíneas no nos oponemos al concepto de comercio de emisiones, bien al contrario lo apoyamos como una de las medidas económicas de mercado que, junto a inversiones en nuevas tecnologías, operaciones de vuelo e infraestructuras más eficientes, forman parte de nuestra estrategia frente a las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos convencidos de que un esquema regional no puede resolver problemas ambientales globales. Y el cambio climático es un problema global que precisa de soluciones globales.

 La aviación ha hecho importantes avances en medio ambiente. La industria dedica el 15% de sus ingresos a la investigación, lo que se traduce en aviones más seguros, silenciosos, limpios y eficientes. Los aviones de última generación (A380 y B-787) consumen menos de tres litros de carburante/100 pasajero kilómetro, un nivel de consumo claramente inferior al de cualquier automóvil compacto de hoy en día. El sector se ha fijado el objetivo de crecimiento cero de CO2 en 2020, y de reducción del 50% de sus emisiones totales en 2050, respecto a 2005.

 Las compañías europeas consideramos que sería positivo avanzar en la definición de un plan de acción no discriminatorio en el seno de la OACI. Creemos que urge resolver los obstáculos para la implantación del Cielo Único Europeo, que permitirá reducir el consumo de combustible (5 millones de Tn/año), de emisiones de CO2 (16 millones Tn/año) y costes (3.300 millones €/año); al tiempo que progresamos en el uso de biocombustibles que podrán reducir la huella de carbono hasta en un 80%.

 Las reacciones internacionales se suceden. El pasado 30 de septiembre, un grupo de 20 países, incluidos China, Estados Unidos, India, Rusia, Brasil y Argentina, emitieron un comunicado conjunto denunciando el unilateralismo y la ilegalidad del esquema de comercio de emisiones. En parecidos términos se han pronunciado asociaciones internacionales, norteamericanas, latinoamericanas y asiáticas de transporte aéreo. China amenaza con llevar el caso a la Organización Mundial de Comercio (OMC), y Estados Unidos tramita un proyecto legislativo que prohibiría a las compañías norteamericanas participar en dicho esquema. Más recientemente, el Consejo de la OACI aprobó una declaración en la que subraya la unilateralidad de la medida, la vulneración de acuerdos internacionales e insta a los gobiernos europeos a abandonar su enfoque unilateral y extraterritorial en beneficio de una solución global.

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