549 millones de dólares gastó el Pentágono en comprar 20 Alenia G.222 para Afganistán que fueron desguazados casi sin usarse.
En 2008 el Pentágono (el ministerio de Defensa de EE.UU.), adquirió 20 aviones de transporte Alenia G.222 a la Aeronáutica Militar italiana para entregarlos a la Fuerza Aérea de Afganistán como parte de las ayudas a la reconstrucción del país. Dentro de las mismas se entregaron también helicópteros UH-60, aviones T-29, C-208, y C-130, entre otros.
Ahora se ha sabido que una investigación por parte de la oficina del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán se ha cerrado señalando que al final no se debe perseguir judicialmente ni a Leonardo (actual Alenia) ni a ningún oficial del ejército estadounidense involucrado en la operación, que ha costado 549 millones a las arcas de EE.UU. El informe cita especialmente el caso del general a cargo del programa, del que se señala tenía un conflicto de intereses, y que tras retirarse del servicio activo, se convirtió en el representante de la firma italiana en Estados Unidos para el programa C-27J, el G.222 modernizado con ayuda de Lockheed Martin.
Los aviones, que habían sido retirados de servicio por Italia y almacenados en el aeropuerto de Pisa, fueron comprados, como decimos, en septiembre de 2008 por 287 millones de dólares. En la zona militar de dicho aeropuerto está la 46 Brigada Aérea que operaba estos aviones hasta su sustitución por los C-27J.
Nunca se logró la operatividad prevista con estos aviones. No cumplieron con las expectativas en las condiciones de vuelo en Afganistán (calor y operación en pistas a gran altura); y hubo muchos problemas con el suministro de repuestos. Los mismos pilotos afganos se mostraron repetidamente en contra de estos aviones citando problemas de seguridad en la operación. De hecho, al parecer, en algún vuelo se llegó a rozar la tragedia.
Además, se ignoraron en la USAF diversos informes del personal propio y contratado involucrado en el programa de que Alenia no tenía ningún plan de apoyo a los aviones; y que no se comprobó que existían los repuestos para los mismos que Alenia había asegurado tener, ni que los aviones realmente estaban en condiciones de aeronavegabilidad.
Al final fueron retirados en marzo de 2013 tras poco más de dos años de servicio, y en 2014, tras desguazarse 16 de ellos, fueron vendidos como chatarra por unos 40.000 dólares según dicho informe. Los otros cuatro nunca llegaron a Afganistán y permanecen todavía en la base aérea de Ramstein (Alemania). Pueden verse claramente en Google maps.
Los Lockheed Martin C-130H que la USAF traspasó a Afganistán para sustituir a los G.222, al parecer, según el mismo informe, también tienen problemas de repuestos.
Según medios estadounidenses, dicho informe también recoge que la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, el Servicio de Investigación Criminal de Defensa y el FBI, iniciaron investigaciones sobre lo ocurrido. Aunque se intentó en 2016 presentar cargos contra Alenia por posible fraude contractual y otras violaciones, y responsabilizar al oficial retirado de la Fuerza Aérea involucrado en la adquisición, el departamento de Justicia, en 2020, decidió no proseguir con los cargos ya que sería muy difícil lograr un veredicto de culpabilidad “porque tales condenas eran inauditas«.
Con respecto a Alenia, el principal motivo para no proseguir con los cargos fue que “cualquier intento de responsabilizar a Alenia por una mala remodelación y múltiples otras violaciones del contrato” se verían muy complicadas por el hecho de que el Gobierno de Estados Unidos aceptó la entrega de los aviones.
Al margen de estos aviones comprados para Afganistán, el C-27J en servicio con las fuerzas aéreas de EE.UU. tampoco han dado el resultado esperado según informaciones publicadas en el país. De los 78 aviones que estaba previsto adquirir por valor de 2.000 millones de dólares, solo se han comprado 23, y no se están usando en las misiones previstas de transporte táctico.
De estos 23, dos fueron vendidos a Australia en 2014; siete los opera el Ejército para entrenamiento de salto en paracaídas, y 14 son de los Guarda Costas. Antes, los primeros 16 fueron entregados a la Guardia Aérea Nacional, que los almaceno en 2013.
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