Los gobiernos español y autonómico catalán apoyan la ampliación del aeropuerto de Barcelona–El Prat mientras sigue la oposición política en Cataluña al proyecto.
En una reunión encabezada por ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y el vicepresidente y consejero de Políticas Digitales y Territorio de la Generalidad de Cataluña, Jordi Puigneró, y con la presencia entre otros de la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, y el presidente de Aena, Maurici Lucena, ambas partes acordaron llevar adelante la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat con el fin de que “se convierta en los próximos años en un hub internacional, en una transformación que cumpla con todas las garantías medioambientales”.
El plan acordado, que todavía debe pasar varios escrutinios antes de ser una realidad, es el ya anunciado. Incluye la construcción de un satélite a la T1 y la ampliación de la pista 07R/25L en 500 metros en su cabecera 25L como principales trabajos; así como conexiones entre este aeropuerto y los de Reus y Gerona “de modo que se dote de mayor capacidad del sistema aeroportuario de Cataluña”.
Entre las revisiones que debe pasar, la primera es la aprobación, en Consejo de Ministros, antes del final del mes de septiembre, del nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2022-2027, que incluya esta ampliación. Antes de ello, la Secretaría General de Transportes del ministerio de Transportes, por medio de la DGAC, preparará dicho DORA mediante el Comité de Coordinación Aeroportuaria de Cataluña. Después se debe completar la tramitación del Plan Director del Aeropuerto “que en los próximos dos años concretará el proyecto y las medidas compensatorias que cumplan con el exigente criterio de la Comisión Europea”, y la de la propia Comisión Europea.
Según se anunciaba este acuerdo, de forma previa a la reunión entre el Gobierno español y el Gobierno autonómico catalán, representantes de varios de los partidos que forman la coalición de gobierno han seguido expresando su oposición a esta ampliación, basándose en que la ampliación de la pista invadirá un área natural junto a la misma, y que la ampliación solo aumentará la contaminación en el área.
Sobre lo primero, la Comisión Europea ya ha avisado de que esta ampliación “no debe afectar de forma significativa» al delta del Llobregat, perteneciente a la red europea Natura 2000. En los planes anunciados por Aena se incluye ampliar otra de las zonas naturales junto al aeropuerto en una superficie mayor de la que se pierda por la ampliación.
Sobre lo segundo, las quejas se basan en que la ampliación traerá un mayor número de vuelos (que es el objetivo de la misma, principalmente de largo radio), y dado que consideran que el transporte es el mayor emisor de CO2, por lo que a más vuelos, más contaminación. Sin embargo no tienen en consideración los esfuerzos de la industria aérea para reducir sus emisiones a lo largo de los próximos años, mediante el uso de aeronaves más eficientes y de biocombustibles (ahora llamados combustibles de aviación sostenibles), muchas veces logrando llegar a los objetivos marcados con años de antelación. Y cuando se habla de reducción, se incluye cualquier aumento que pueda ocasionarse por un incremento del número de vuelos.
Estos compromisos medioambientales incluyen a los aeropuertos. Aena, por ejemplo obliga a los usuarios de los mismos (aerolíneas, empresas de handling, y demás que cuenten con vehículos circulando por la plataforma de aeronaves), a ir adoptando nuevos vehículos eléctricos.
Además, Aena acaba de anunciar que, un año más, la electricidad que use en 2022 para “la iluminación y el funcionamiento de los aeropuertos, el balizamiento de las pistas y el resto de instalaciones de Aena, con un consumo anual estimado en los aeropuertos de unos 952 gigavatios-hora” procederá exclusivamente de energías renovables, según el contrato que acaba de firmar con Endesa e Iberdrola, y que podrá extenderse a 2023. Según Aena, este consumo es el equivalente a 238.000 viviendas domésticas y 158.000 toneladas de CO2 evitadas a la atmósfera.
Aena tiene previsto reducir sus emisiones para ser neutra en emisiones de CO2 en 2026 y ser cero emisiones netas “en toda la red de aeropuertos en 2040”.
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