En la reunión del Consejo de Ministros del 1 de marzo se ha examinado el anteproyecto de ley de la nueva agencia unificada de investigación de accidentes en el transporte.
Autoridad Administrativa Independiente para la investigación técnica de accidentes en los modos de transporte será el nombre de la nueva agencia que unificará las comisiones de investigación de accidentes al estilo del NTSB de Estados Unidos según ha anunciado el Gobierno español tras haber examinado en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley para su creación.
Esta autoridad será independiente del ministerio de Transportes a diferencia de las comisiones actuales de investigación de accidentes en los transportes marítimo, ferroviario y de aviación civil. El ministerio ha elegido la figura de autoridad administrativa independiente ya que es la que goza del mayor grado de independencia del poder ejecutivo que existe en el derecho administrativo español.
Según informan desde La Moncloa: “En comparación con las actuales comisiones, que solo gozan de independencia funcional, la nueva autoridad tendrá además personalidad jurídica propia y autonomía financiera (entre sus fuentes de financiación está la participación en lo recaudado por tasas relacionadas con la seguridad en los modos de transporte). Además, con la nueva estructura prevista se optimizan los recursos dedicados a la materia, sin perjuicio de garantizarse la especialización del personal destinado a desarrollar las investigaciones y a elaborar los informes, que se estructura en unidades especializadas por cada modo de transporte”.
El consejo de esta autoridad será nombrado por “real decreto y, en todo caso, con intervención previa de la Comisión competente del Congreso de los Diputados: el nombramiento de la persona titular de la presidencia de la autoridad requerirá la conformidad de dicha comisión parlamentaria, que también podrá vetar a las personas candidatas a consejero o consejera”.
Los candidatos serán propuestos desde el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, “entre profesionales de reconocido prestigio y acreditada cualificación profesional en el ámbito de actuación de la autoridad, y previa apertura por el Ministerio de un período de consulta pública, en el que cualquier persona o entidad podrá proponer candidatos o candidatas. Estas propuestas no tendrán carácter vinculante, pero serán tomadas en consideración para efectuar la selección”. Todos los consejeros tendrán dedicación exclusiva y no podrán “realizar actividad privada alguna relacionada con el ámbito de actuación de la autoridad durante los dos años siguientes a su cese”.
Según señalan también desde el Gobierno “debe destacarse que el anteproyecto de ley incluye un régimen de información específico para las víctimas, familiares y asociaciones de víctimas, que ven fortalecida su posición jurídica en el procedimiento de investigación técnica respecto de la situación actual”.
Ahora se iniciará una fase en la que los ministerios y organismos afectados por el mismo presentarán sus informes sobre el anteproyecto de ley para realizar modificaciones en el texto para llegar a la redacción final que se llevará al Congreso para su aprobación.
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