Aena ha celebrado su consejo de administración en el que se ha reelegido a Maurci Lucena como presidente y este ha defendido su labor en defensa de los intereses de sus accionistas.
La junta de accionistas de Aena no ha deparado sorpresas. Aunque se había llegado a comentar la posibilidad de que Maurici Lucena no fuese renovado como presidente y consejero delegado, esto finalmente no ha ocurrido, y seguirá al frente del mayor operador mundial de aeropuertos. Al mismo tiempo la junta ha ratificado los nombramientos de Roberto Angulo y Alicia de Haro como consejeros dominicales, y aprobado la reelección de Manuel Delacampagne en el mismo cargo.
Lucena además ha dado el habitual discurso presidencial para los accionistas en el que ha revindicado la labor que Aena “ha desarrollado en los últimos años en defensa de los intereses de sus accionistas públicos y privados”. “En 2025 hemos dado una respuesta inequívoca como compañía, por una parte, a las demandas de imposible cogestión de los aeropuertos de algunas comunidades autónomas y, en segundo lugar, a las exigencias de las aerolíneas de una bajada sin suelo firme, interminable, de nuestras tarifas aeroportuarias al margen del marco regulador aeroportuario. Son dos temas esenciales que podrían constituir riesgos importantes para el sistema aeroportuario español actual, para Aena y, en última instancia, para sus accionistas”, ha afirmado.
Hizo referencia a los acuerdos del gobierno español para dar, en cierta forma, entrada a los gobiernos regionales catalán y vasco en la gestión de los aeropuertos en sus comunidades, afirmando que: “Con el marco constitucional y legal actual puede haber espacio para profundizar en la coordinación, la participación y el diálogo institucional con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pero no es jurídicamente factible cambiar la esencia del modelo de propiedad y gestión de los aeropuertos de Aena transfiriendo competencias como la regulación, la ordenación o la supervisión —que son exclusivas del Estado— o interfiriendo en la gestión de Aena. El 49 por ciento de los aeropuertos españoles (sus pistas, sus terminales, sus terrenos, etcétera) pertenece a accionistas privados, muchos de los cuales son, también, los propietarios de la mayoría de las grandes empresas españolas que cotizan en la bolsa de valores. El derecho de propiedad está consagrado en el Artículo 33 de la Constitución Española. Me gustaría reiterarlo: los aeropuertos de Aena funcionan muy bien y son propiedad exclusiva de Aena”.
Siguió defendiendo la fortaleza y las ventajas del sistema aeroportuario español actual, “admirado en todo el mundo”; la importancia de la gestión integrada de la red española de aeropuertos de Aena “fundamental para el buen funcionamiento de la economía española”; los derechos legales que asisten a los accionistas de Aena, y, sobre todo, “la especial y sólida protección que el marco legal y constitucional vigente y la estructura accionarial híbrida de Aena proporcionan al sistema aeroportuario español y a la propia Aena”.
Aunque reconoció que “existen vías legalmente previstas para favorecer esta participación y, por tanto, una cooperación reforzada con las comunidades autónomas es perfectamente viable”, siempre que “respete los límites legales y constitucionales” .
Sobre la reivindicación de las aerolíneas sobre la subida de tarifas, pidiendo en su lugar una bajada, se volvió a declarar absolutamente en contra de esto defendiendo que en realidad dichas tarifas han bajado: “En 2025 las tarifas aeroportuarias expresadas por el Ingreso Máximo Anual Ajustado aplicable por pasajero (IMAAJ) fueron 10,35 euros de media -muy inferior en los aeropuertos regionales-, por debajo de 2015, cuando fueron 11,11 euros, lo que supone un descenso nominal del 7 por ciento. Es decir, en términos reales, incorporando la inflación acumulada, las tarifas aeroportuarias de Aena bajaron un 37 por ciento en los últimos 11 años, un dato verdaderamente asombroso”.
Siguió defendiendo la subida propuesta explicando que, según los datos publicados por IATA, el ingreso por pasajero de las compañías aéreas en Europa aumentó un 26,8 por ciento en términos nominales en el período 2019-2025, “es decir, un incremento de unos 40 euros por persona, lo cual ha más que duplicado el beneficio neto de las aerolíneas en este mismo periodo. Por tanto, es obvio que no hay una correlación estadística positiva entre las tarifas aeroportuarias —que han estado congeladas— y los precios de los billetes de avión, que han aumentado considerablemente en el mismo período”.
Igualmente defendió la política de inversiones en el extranjero: “Las últimas previsiones de tráfico mundial publicadas por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) avalan esta estrategia, al situar a España, Brasil y Reino Unido entre los diez países con mayor tráfico aéreo a nivel mundial en el horizonte de 2054”.
En su discurso también tuvo tiempo para el futuro, señalando que no descarta que “cuando disminuya la espesa incertidumbre geopolítica y económica” modifiquen las previsiones para este 2026 hechas antes del conflicto con Irán, y que señalaban un incremento del 1,3 por ciento en el número de pasajeros en España, hasta llegar a los 326 millones.
También quiso advertir que la actual tasa interanual de crecimiento de Aena no es sostenible: “Por razones de distinta naturaleza, será difícil que el tráfico aéreo en España continúe su expansión al mismo ritmo de los últimos años. Más allá de las condiciones macroeconómicas y del peligroso contexto internacional, existen ciertas limitaciones de capacidad en algunas infraestructuras de Aena que podrían incidir en el crecimiento del tráfico aéreo en España”.
Finalizó su intervención destacando los buenos resultados económicos y que reflejan “la fortaleza del modelo de negocio de Aena, basado en una gestión eficiente, una estructura financiera prudente y una creciente diversificación de ingresos”. Destacando que “esta posición permitirá a la compañía afrontar con garantías el próximo ciclo inversor y mantener una política de retribución atractiva para los accionistas”.
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