La Fiscalía de Madrid ha decidido imputar a 175 controladores aéreos por un delito de sedición, tras abandonar o no presentarse a sus puestos de trabajo el día 3 de diciembre.
La Fiscalia de Madrid entiende que estos controladores pueden haber cometido un delito de sedición, previsto en el artículo 20 de la Ley de navegación Aérea, que establece diferentes penas para los empleados de aeropuertos: «que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta, desobediencia, coactiva o represalia».
La fiscalía ha tomado las medidas previstas en los procedimientos judiciales para que esta posibilidad pueda llevarse a cabo, como es pasar el archivo a un juez para que pueda empezar a tomar declaración a estos más de 170 controladores que, según la Fiscalía, abandonaron presuntamente su puesto de trabajo. Según recogen varios medios de comunicación en su portada de hoy, el Fiscal jefe de Madrid no ve «descabellado» que pueda solicitarse el embargo de bienes de los controladores aéreos, dentro del nuevo procedimiento penal que ahora se inicia.
En este territorio de las denuncias, la Audiencia ha archivado las denuncias de las asociaciones de consumidores OCU y FACUA contra el sindicato de controladores USCA, al entender que los delitos denunciados no encajaban en el catálogo de este tribunal superior de justicia.
Por otra parte, el BOE del 29 de diciembre recogía el nombre de los primeros trece aeropuertos que contarán con servicios de control aéreo privados: A Coruña, Alicante, Fuerteventura, Ibiza, Jerez de la Frontera, La Palma, Lanzarote, Madrid- Cuatro Vientos, Melilla, Sabadell, Sevilla, Valencia y Vigo. Según Fomento estos aeropuertos han sido elegidos en función de la tipología de su tráfico aéreo, y en menos de un mes comenzarán la selección de estos controladores aéreos «privados».
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