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Eliance, crónica de una muerte anunicada

Airbus Helicopters H130 de Eliance, uno de los que usan ya SAF.
Airbus Helicopters H130 de Eliance,

La insolvencia de la compañía, que acumuló pérdidas de 23,9 millones de euros en 2025, afecta a los helicópteros Pegasus de la DGT, al Servicio de Vigilancia Aduanera y a los servicios de emergencias sanitarias y extinción de incendios. El caso abre interrogantes sobre la externalización de capacidades aéreas esenciales y los controles sobre las empresas adjudicatarias de contratos públicos.

A 21 de noviembre, Eliance tiene parallizada casi la totalidad de sus operaciones, convirtiéndose en un problema para diferentes administraciones públicas y para la disponibilidad de servicios aéreos esenciales en España. La compañía, especializada en operaciones con helicópteros y trabajos aéreos, ha entrado en concurso de acreedores después de atravesar una profunda crisis económica que ha terminado afectando a su capacidad para garantizar los servicios contratados.

La sociedad Eliance Helicopter Global Services, S.L.U. fue declarada oficialmente en concurso de acreedores el pasado 16 de noviembre, mediante un procedimiento tramitado por la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid número 3. La resolución se publicó el 18 de noviembre y se nombró a PKF Attest como administración concursal,

El deterioro económico de la compañía se había hecho público semanas antes. Eliance cerró 2025 con unas pérdidas de aproximadamente 23,9 millones de euros y una facturación cercana a los 54 millones. En octubre comunicó su situación de preconcurso de acreedores, mientras intentaba alcanzar acuerdos con sus principales acreedores para evitar el procedimiento concursal.

Los helicópteros de la DGT, afectados por la crisis

Uno de los efectos más visibles de la situación de Eliance se está produciendo en la Unidad de Medios Aéreos de la Dirección General de Tráfico. En septiembre de 2025, Eliance se adjudicó un contrato de 51,1 millones de euros y una duración de 38 meses para la gestión integral de los helicópteros de la DGT. El acuerdo incluía la operación de las aeronaves, la disponibilidad de pilotos, el mantenimiento y la formación del personal.

La situación financiera de la compañía ha comprometido la prestación normal del servicio. La DGT ha tenido que reorganizar sus operaciones y concentrar los helicópteros en la base aérea de Cuatro Vientos, en Madrid, ante las dificultades para garantizar su disponibilidad desde las distintas bases distribuidas por España.

La vigilancia aérea ha quedado condicionada por la disponibilidad diaria de personal y recursos y aunque los drones de la unidad constituyen una alternativa para mantener parte de las funciones de vigilancia, aunque no ofrecen las mismas capacidades operativas que los helicópteros en autonomía, alcance y cobertura.

La situación vuelve a poner sobre la mesa la importancia de garantizar la continuidad de los servicios de mantenimiento y operación de las aeronaves que forman parte de las capacidades de seguridad vial del Estado.

Problemas también en Madrid

La crisis de Eliance ha afectado igualmente a los helicópteros medicalizados del SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid. La compañía es responsable de la operación de las dos aeronaves que prestan servicio desde las bases de Las Rozas y Lozoyuela, mediante un contrato de aproximadamente 24 millones de euros y cinco años de duración.

El pasado 5 de noviembre, ambos helicópteros llegaron a estar simultáneamente fuera de servicio. Uno de ellos llevaba varios días parado porque sus pilotos no habían podido completar la formación necesaria para renovar sus habilitaciones, mientras que el segundo tuvo que entrar en reparación. La Comunidad de Madrid ya anunció que aplicará las penalizaciones correspondientes por los incumplimientos del servicio y está buscando alternativas para garantizar la continuidad de las operaciones.

Vigilancia Aduanera: sin apoyo aéreo en el Estrecho

Otro de los servicios afectados es el del Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente de la Agencia Tributaria. Eliance aportaba los pilotos y asumía el mantenimiento de cuatro helicópteros del servicio, aeronaves propiedad del Estado que operan desde distintas bases, entre ellas Algeciras, Almería, Vigo y San Javier.

El último vuelo de estas aeronaves se realizó el 4 de noviembre. La situación ha obligado a Hacienda a buscar un nuevo operador para recuperar la capacidad de vigilancia aérea.

La interrupción resulta especialmente delicada en zonas como el Estrecho de Gibraltar, donde los helicópteros desempeñan una función de apoyo a las operaciones contra el narcotráfico y el contrabando, coordinando desde el aire los dispositivos de vigilancia e intervención marítima. La Agencia Tributaria trabaja en una nueva licitación, aunque antes debe resolver la situación contractual derivada del concurso de acreedores de la compañía.

Un historial de problemas con contratos públicos

No son los primeros problemas que afrontaba el operador aéreo. Eliance había acumulado en los últimos años problemas relacionados con el cumplimiento de algunos de sus contratos con distintas administraciones. Uno de los antecedentes más significativos se produjo en Galicia, donde la Xunta decidió retirar en marzo de 2025 el contrato de operación de los helicópteros del servicio de emergencias sanitarias 061, después de acumular numerosos expedientes por incumplimientos.

Esta extinción ya desató a voz de alarma en el Sindicato Lire de Trabajadores Aéreos, STLA, que en más de una ocasión ha alzado la voz contra la precariedad de los trabajadores de la empresa e, incluso, llegaron a hablar de afectaciones a la seguidad de la operación aérea debido a los continuos problemas de la compañía.

También se han conocido problemas en otros servicios autonómicos, incluidos los relacionados con emergencias y extinción de incendios. Según informaciones publicadas sobre la contratación pública del grupo, las administraciones españolas habían adjudicado a sus sociedades contratos por un importe superior a los 280 millones de euros desde 2022.

A ello se suma la investigación abierta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en enero de 2026 sobre posibles prácticas anticompetitivas en licitaciones de servicios aéreos de emergencia, rescate y extinción de incendios, en la que figura Eliance junto a otras compañías del sector.

La continuidad de los servicios aéreos, una cuestión estratégica

Más allá del futuro empresarial de Eliance, el caso plantea una cuestión de fondo para el sector aeronáutico: cómo garantizar la continuidad de servicios públicos que dependen de operadores privados para disponer de aeronaves, tripulaciones, mantenimiento y soporte técnico.

La aviación de emergencias, la vigilancia aérea, la lucha contra incendios y las operaciones policiales requieren una disponibilidad permanente de medios y profesionales. No basta con disponer de helicópteros, es necesario contar con pilotos habilitados, técnicos, repuestos, mantenimiento programado y una estructura capaz de garantizar la operación de forma continuada.

La externalización de estos servicios puede aportar especialización y flexibilidad, pero también genera una dependencia que debe estar acompañada de mecanismos de supervisión y garantías de continuidad.

El caso Eliance obliga a revisar cómo se evalúa la solvencia de las empresas que concurren a este tipo de contratos, cómo se supervisa el cumplimiento de las condiciones adjudicadas y qué planes de contingencia existen cuando el operador no puede continuar prestando el servicio.

Porque, en última instancia, cuando un helicóptero sanitario no puede despegar, una patrulla aérea deja de vigilar una carretera o una aeronave de Aduanas no puede apoyar una operación en el Estrecho, las consecuencias de una crisis empresarial trascienden ampliamente el balance de una compañía y afectan a servicios de utilidad pública a la ciudadanía.

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