La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto a Aena una sanción de 10,04 millones de euros por el uso de sistemas de identificación biométrica en varios aeropuertos españoles.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto a Aena una sanción de 10,04 millones de euros por el uso de sistemas de identificación biométrica en varios aeropuertos españoles. La resolución, una de las más altas que el regulador ha dictado en el ámbito del transporte, considera que el gestor aeroportuario no realizó una Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD) con el nivel de detalle requerido para un tratamiento de datos de alto riesgo como es el reconocimiento facial.
La decisión incluye además la suspensión temporal del tratamiento de datos biométricos, lo que afecta directamente a los pilotos de proyectos implantados en aeropuertos como Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat y Alicante-Elche, donde Aena había desplegado sistemas para agilizar el embarque y determinados accesos mediante identificación facial voluntaria.
Según la AEPD, el uso de tecnología biométrica —especialmente cuando implica datos sensibles como patrones faciales— exige un análisis exhaustivo de necesidad, proporcionalidad y riesgos. El organismo entiende que Aena no justificó suficientemente por qué este sistema era imprescindible frente a alternativas menos intrusivas, ni acreditó una EIPD considerada adecuada para este nivel de riesgo.
El sistema, que se había presentado como uno de los pilares de la estrategia de digitalización de Aena y como un paso firme hacia el “aeropuerto sin papeles”, permitía a los pasajeros registrarse voluntariamente para acceder a los controles o embarcar sin mostrar documentación física.
Aena rechaza la resolución y anuncia recurso
Aena ha mostrado su “total desacuerdo” con la resolución y ha confirmado que recurrirá la sanción ante los tribunales. El gestor aeroportuario sostiene que: Sí realizó evaluaciones de impacto antes de la puesta en marcha del proyecto biométrico y que el sistema era completamente voluntario y se basaba en el consentimiento informado del pasajero.
El gestor aeroportuario español afirma que no se ha producido ninguna brecha de seguridad, ni incidente que comprometiera la integridad o confidencialidad de los datos. Considera además que la multa es desproporcionada, especialmente teniendo en cuenta que, a su juicio, se trata de un asunto de índole formal y no de un daño efectivo a los derechos de los usuarios.
La compañía mantiene que el reconocimiento facial aporta mejoras significativas en eficiencia y experiencia del pasajero, y apunta a su voluntad de reactivar estos servicios “tan pronto como sea posible”, una vez aclarada la situación con el regulador.
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