El próximo mes de mayo el tribunal estadounidense que gestiona el Capítulo 11 del grupo Latam evaluará el plan de reorganización al tiempo que los acreedores votarán si lo aceptan.
En mayo de 2020 el grupo Latam decidió presentar suspensión de pagos en Estados Unidos, lo que allí se denomina acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras.
Ahora, una vez que el pasado 26 de noviembre el tribunal estadounidense recibió el plan de reorganización propuesto, este ha aprobado la Declaración de Divulgación, la documentación que el juez considera necesaria para que los acreedores tengan conocimiento de dicho plan y puedan evaluarlo.
Dicha aprobación se produjo el 15 de marzo pasado cuando el tribunal dio su visto bueno a la modificación y el nuevo texto refundido del contrato de crédito DIP entre LATAM y sus acreedores. Este permite la contratación de créditos para mantener la operatividad y liquidez de Latam. DIP son las siglas en inglés de financiación del deudor en posesión, un término del derecho anglosajón para referirse a la financiación de las sociedades que ha iniciado el procedimiento regulado en el Capítulo 11. Estos créditos tienen preferencia en de pago frente a los demás créditos de la empresa.
En el caso de Latam, esta podrá acceder a 3.700 millones de dólares para refinanciar su crédito DIP y lograr liquidez y además de alargarse la fecha de vencimiento.
La corte estadounidense además aprobó también los denominados acuerdos de compromiso y soporte “en apoyo al plan de reorganización y financiamiento propuesto por LATAM y algunas de sus filiales directas e indirectas. Estos acuerdos representan aproximadamente otros $5.400 millones de dólares en fondos comprometidos”.
Una vez todos los acreedores reciban el plan, Latam comenzará el proceso de requerir a estos su voto a favor o en contra, antes de la audiencia de confirmación que el juzgado ha establecido para los días 17 y 18 de mayo de 2022 donde se evaluará el plan de reorganización que, de ser aprobado por todas las partes, permitiría a Latam abandonar la protección del Capítulo 11 frente a sus acreedores en la segunda mitad de 2022, según han señalado desde el grupo chileno-brasileño.
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