El Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley para crear la Autoridad Independiente de investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.
El accidente de Spanair en el aeropuerto de Madrid-Barajas, y más concretamente su investigación, llevó a que se pidiese la creación de una agencia independiente que se encargase de la investigación de accidentes en el transporte, a imagen del NTSB estadounidense. Esta petición se renovó tras el accidente del tren Alvia en Galicia.
Uno de los motivos era que las comisiones de investigación dependen del ministerio de Fomento (hoy ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). Ello suponía que dependía del regulador, lo que podía hacer suponer que en los informes de los accidentes se podía evitar responsabilizar al ministerio o algunas de sus agencias del accidente.
El NTSB de Estados Unidos depende directamente del Congreso del país, no de alguno de las secretarías (ministerios en España), que forman el gobierno local.
Con la figura jurídica elegida por el Gobierno, esta agencia tendrá un estatus como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o la Agencia Española de Protección de Datos.
En febrero de 2019 se esperaba que el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, llevase al Consejo de Ministros su creación, pero no llegó a ocurrir.
Cuando en 2022 se reactivó la creación de esta Autoridad administrativa independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, diversos sindicatos profesionales de la aviación comercial, marina mercante y transporte ferroviario se mostraron en contra de ella ya que consideraban que “será igual de ineficiente que las tres comisiones a las que sustituye”, según denunciaron. Además de que “el proyecto de ley presentado por el Gobierno no contempla las principales alegaciones hechas por los representantes de los profesionales del transporte, por lo que es ajena a los criterios profesionales de quienes defienden la seguridad del transporte y sus pasajeros”.
Hace un año se llevó a Consejo de Ministros el anteproyecto de ley para que fuese examinado por los diferentes ministerios involucrados y estos expusieran sus alegaciones para la redacción final del Proyecto de Ley ahora aprobado.
Según se ha anunciado ahora, esta Autoridad, al confirmarse que se ha aprobado el Real Decreto de su creación es que entrará en funcionamiento antes de que acabe la actual legislatura (en principio en noviembre de 2023).
El Proyecto de Ley aprobado ahora será remitido a las Cortes Generales para su aprobación como Ley por el procedimiento de urgencia.
Desde Moncloa también han señalado que: “Incluirá un régimen de información específico para las víctimas, familiares y asociaciones de víctimas”.
Como ya se había informado, el máximo órgano de esta agencia será su consejo, formado por un presidente (con rango de subsecretario) y seis miembros (con condición de alto cargo de la Administración General del Estado).
Los siete serán nombrados por Real Decreto, “a propuesta de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entre profesionales de reconocido prestigio y acreditada cualificación profesional en el ámbito de actuación de la Autoridad. Así, dos de los consejeros deben ser expertos en el sector marítimo, dos en el aéreo y otros dos en el ferroviario. El nombramiento del presidente deberá contar con la conformidad de la Comisión competente del Congreso de los Diputados. En el caso de los consejeros o consejeras, dicha Comisión parlamentaria tendrá capacidad de veto”.
Los seis puestos de consejero tendrán un mandato de seis años no renovables, renovándose la mitad de ellos cada tres años. Dentro del primer grupo nombrado se celebrará un sorteo para decidir cuáles serán los tres que lo abandonaran al cabo de los primeros tres años.
“Los miembros del Consejo realizarán sus funciones con dedicación exclusiva, y estarán sometidos a un estricto régimen de incompatibilidades, que incluye que durante los dos años siguientes a su cese no podrán realizar actividad privada alguna relacionada con el ámbito de actuación de la Autoridad. Finalmente, se establecen unas causas tasadas de cese, para evitar que puedan ser cesados discrecionalmente” se ha recalcado desde La Moncloa.
Qué tipo de incidentes y accidentes deberá investigar esta autoridad se regula en el proyecto de Ley, así como el procedimiento de investigación técnica, el régimen de la información de la investigación y las relaciones con otras instituciones, entre las que destacan las Cortes Generales, el Poder Judicial y las Autoridades de Investigación de otros países. “Además, se ha incorporado al Proyecto de Ley el principio de ‘cultura justa’ en el marco de la investigación técnica de accidentes e incidentes en los modos de transporte, favoreciendo la protección de la información reservada y el respeto a los derechos de las personas que participen en el procedimiento de investigación”.
Finalmente el Proyecto de Ley determina también. “Qué información tiene el carácter de reservado (declaraciones realizadas por personas a la Autoridad en curso de una investigación; la identidad de dichas personas; y cualquier información especialmente sensible como la relacionada con la salud), quedando obligada a dicha reserva cualquier persona que acceda a la información, bien por formar parte de la investigación, bien por tener relación con ella”.
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