La falta de nuevos presupuestos generales del estado sigue dejando a la Agencia Espacial Española sin fondos propios para sus gastos.
El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para que la Agencia Espacial Española pueda hacer frente al pago de 1.500 euros anuales a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre hasta 2027.
Cuando se creó la Agencia Espacial Española (AEE) en 2022, lógicamente, no contaba con un presupuesto. El que hoy en día los presupuestos generales del estado en vigor sean los de 2022 prorrogados dos veces, y muy posiblemente por una tercera este año, lleva a que la agencia siga sin presupuesto asignado.
Con ello, depende de fondos del ministerio de Ciencia, del que depende, y autorizaciones especiales del Gobierno, para hacer frente a sus gastos diarios, como por ejemplo los sueldos de su personal.
Ahora, según se ha explicado desde el Gobierno, la Agencia Espacial: “En el marco de desarrollo de sus funciones y competencias, debe prestar determinados servicios soportados por técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos aplicados a determinados procedimientos administrativos, debiendo contar con las debidas garantías de seguridad conformes con las disposiciones legales y garantizando la validez y eficacia de la emisión y recepción de comunicaciones y documentos producidos a través de dichas técnicas y medios. Además, se requiere la identificación electrónica de la AEE y la autenticación del ejercicio de su competencia. Para dar cobertura a los servicios mencionados, se requiere de un prestador de servicios de certificación de confianza”.
En este caso se trata de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre quien es ese prestador “y, además, es medio propio de la Administración General del Estado y sus organismos y entes públicos”. Así, la AEE debe hacer uso de los servicios técnicos y de seguridad de la misma para la certificación y firma electrónica y en el ámbito de la administración electrónica. Por ello ha sido necesario autorizar el gasto de un máximo de 1.500 euros anuales entre 2025 y 2027 para pagarlos.
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